SAN JOSÉ, Costa Rica — La Sala Constitucional de Costa Rica anuló de forma definitiva la polémica subasta de frecuencias de radio y televisión que impulsaba el Gobierno, tras determinar que el mecanismo violaba los principios constitucionales de pluralismo informativo y diversidad mediática.
El histórico fallo (Sentencia N.° 2026-007626) fue dictado por el tribunal constitucional el viernes 27 de febrero de 2026 a las 4:58 p. m. Los magistrados concluyeron que el proceso licitatorio de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) ponía en riesgo la supervivencia de decenas de emisoras rurales, culturales y comunales del país al priorizar la oferta económica más alta como único criterio de adjudicación.
Riesgo para los medios locales y regionales
De acuerdo con la resolución de los magistrados, abrir un concurso donde el único factor de peso fuera el poder adquisitivo de los oferentes abría la puerta a monopolios. Esto habría impedido el acceso al espectro radioeléctrico a pequeñas frecuencias de base comunitaria, esenciales para la identidad local y el debate democrático fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).
La suspensión cautelar del concurso se había ordenado desde finales del año anterior, pero fue la votación de este "por tanto" la que sepultó el proceso de manera definitiva. Posteriormente, el 3 de junio de 2026, la Sala IV publicó el texto integral del fallo: un exhaustivo documento de 744 páginas que fija la jurisprudencia para las telecomunicaciones del país.
El futuro del espectro en la Asamblea Legislativa
El freno judicial obligó al país a buscar un camino alternativo. El debate se trasladó con urgencia a la Asamblea Legislativa, donde los diputados aprobaron recientemente en primer debate un nuevo proyecto de Ley de Radio. Esta propuesta elimina las subastas millonarias para dar paso a un modelo que evalúe criterios técnicos, culturales y de arraigo local.
Actualmente, a agosto de 2026, la iniciativa legislativa se encuentra bajo consulta de constitucionalidad en la propia Sala IV para garantizar que el nuevo texto cumpla a cabalidad con el mandato de equidad dictado por el tribunal.
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